El Día Mundial contra la Pena de Muerte: La Necesidad de una Justicia sin su Aplicación
Por: Alonso Sifuentes Vega
El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte, una fecha instaurada en 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. Este evento ha adquirido una relevancia significativa dentro del campo del Derecho internacional Público y los derechos humanos, pues aborda uno de los temas más controvertidos y persistentes en la política global: la legitimidad del uso de la pena capital como herramienta estatal.
La pena de muerte plantea serios dilemas respecto a la observancia de principios fundamentales como el derecho a la vida y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) permite su aplicación en circunstancias excepcionales, existe una creciente presión global para su abolición total, derivada de la incompatibilidad de la pena capital con la prohibición absoluta de la tortura y otras penas crueles.
A nivel global, la eliminación progresiva de la pena de muerte refleja no solo una evolución normativa, sino también un cambio en los valores compartidos dentro de la Comunidad internacional. Actualmente, 112 países han abolido completamente la pena capital, mientras que 55 naciones la mantienen en su legislación o la practican activamente, entre ellas, China, Irán, Arabia Saudita, Pakistán, y Estados Unidos. Estas naciones, en su mayoría, justifican la pena capital bajo el argumento de Seguridad Nacional o como mecanismo disuasivo frente a delitos graves.
No obstante, los defensores de los derechos humanos sostienen que la pena de muerte no solo no protege a las sociedades, sino que perpetúa un ciclo de violencia institucionalizada. Los sistemas judiciales que la aplican suelen estar marcados por discriminación estructural, lo que lleva a una aplicación desproporcionada contra minorías étnicas, personas en situación de pobreza y, en ciertos casos, mujeres, quienes enfrentan condenas más severas debido a sesgos de género.
El lema del Día Mundial contra la Pena de Muerte en 2024: "La pena de muerte no protege a nadie", subraya la falacia detrás de los argumentos que sostienen que este castigo extremo garantiza seguridad pública. En un contexto internacional, muchos Estados han justificado el uso de la pena capital como una herramienta en la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado, buscando proyectar una imagen de control frente a la criminalidad. Sin embargo, se ha demostrado que su implementación no solo no reduce las tasas de criminalidad, sino que también agrava las tensiones sociales.
Este lema se centra en cuestionar el concepto de "seguridad" que algunos Estados defienden, señalando que la verdadera protección de las sociedades debe enfocarse en fortalecer el estado de derecho y las garantías procesales, en lugar de recurrir a la ejecución como solución punitiva. El uso de la pena de muerte, además, tiende a politizar la justicia, creando abusos de poder y vulneraciones a los derechos humanos, lo que debilita la legitimidad de los sistemas judiciales.
En el ámbito del Derecho Internacional Público, la abolición de la pena capital ha sido promovida por instrumentos clave como el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, que prohíbe su aplicación, y por las resoluciones adoptadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que han instado a una moratoria global en la aplicación de ejecuciones.
En los foros internacionales, los países que aún aplican la pena capital argumentan que es una herramienta necesaria para combatir las amenazas existenciales, mientras que las naciones abolicionistas, en su mayoría pertenecientes a bloques como la Unión Europea y varias regiones de América Latina, promueven una visión centrada en los derechos humanos, exigiendo el respeto de la dignidad humana.
El Día Mundial contra la Pena de Muerte invita a la reflexión y a la acción colectiva para avanzar hacia la abolición total de este castigo. Para que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es fundamental que promuevan una justicia restaurativa, que centre sus esfuerzos en la rehabilitación y la reinserción social, en lugar de recurrir a una "venganza estatal". La eliminación de esta pena no es solo una cuestión legal, sino un imperativo moral. La eliminación de este castigo inhumano representa un paso crucial hacia un mundo donde los derechos humanos sean plenamente respetados, y donde la seguridad sea garantizada mediante el fortalecimiento de instituciones justas y transparentes, en lugar de la imposición de la muerte como solución final.
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