Polémica en torno al Tratado de Alta Mar: entre la protección ambiental y las acusaciones de entrega de soberanía

La reciente firma del Tratado de Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés) por parte de la presidenta Dina Boluarte ha desatado una intensa polémica política y mediática en el país. Este acuerdo internacional, impulsado por las Naciones Unidas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales, fue suscrito por Perú durante la III Conferencia sobre el Océano celebrada en Niza, Francia.

Según el gobierno, la adhesión a este instrumento internacional refuerza el compromiso del país con una gobernanza oceánica más equitativa y sostenible. Sin embargo, desde diversos sectores del Parlamento y gremios empresariales surgieron fuertes cuestionamientos, bajo el argumento de que el tratado comprometería la soberanía marítima nacional, especialmente en relación con las 200 millas del dominio marítimo peruano.

Acusaciones de “entreguismo” y denuncia por traición

Uno de los pronunciamientos más severos provino del periodista Alfredo Vignolo, quien presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la presidenta Boluarte, acusándola de traición a la patria. La denuncia se basa en el artículo 54 de la Constitución, que establece la soberanía del Estado sobre las 200 millas marítimas. Desde esta perspectiva, cualquier tratado que limite el control sobre dicha zona sería inconstitucional.

En paralelo, gremios como la Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX y Comex Perú señalaron que la firma pone en riesgo la seguridad alimentaria, la inversión privada y miles de empleos en el sector pesquero, acusando al tratado de estar impulsado por organizaciones no gubernamentales con agendas contrarias a los sectores productivos nacionales.

Además, varios legisladores expresaron no haber sido informados previamente sobre la firma del acuerdo, aunque documentos oficiales del Ejecutivo enviados al Congreso incluían esta actividad dentro del itinerario presidencial.

El tratado no afecta la soberanía, afirman expertos

Frente a las críticas, diversos especialistas han aclarado que el Tratado de Alta Mar no interfiere en la soberanía del Perú sobre sus 200 millas marítimas. El embajador Nicolás Roncagliolo, exdirector general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, explicó que el ámbito de aplicación del tratado comienza a partir de la milla 201 —es decir, en la altamar— donde ningún Estado ejerce jurisdicción exclusiva.

Asimismo, aclaró que el tratado BBNJ es distinto de la Convención del Mar (CONVEMAR), a la cual el Perú no pertenece. Mientras que CONVEMAR delimita zonas marítimas y derechos sobre recursos, el BBNJ se enfoca exclusivamente en la protección de los ecosistemas marinos en aguas internacionales. El acuerdo, negociado durante varios años con participación de sectores técnicos del Estado, permite, entre otras cosas, establecer áreas marinas protegidas y regular el uso de recursos genéticos marinos, fundamentales para la industria farmacéutica y biotecnológica.

El internacionalista Ramiro Escobar también recordó que las críticas provienen mayormente de gremios empresariales, no de la sociedad civil ni de especialistas en derecho internacional. Subrayó que el tratado busca evitar la depredación ambiental en zonas sin regulación estatal y que su adopción posiciona al Perú como un actor relevante en la gobernanza global del océano.

Beneficios ambientales y compromisos nacionales

Como parte de su participación en la conferencia, la presidenta Boluarte presentó una hoja de ruta con 19 compromisos para la protección del mar peruano. Entre ellos, se destacan la ampliación de áreas marinas protegidas con la meta de conservar al menos el 30 % de la biodiversidad marina al 2030, el impulso a un tratado global contra la contaminación plástica y la implementación de dispositivos de separación de tráfico marítimo para proteger rutas migratorias de especies como la ballena jorobada.

Además, el canciller, Elmer Schialer señaló que la firma del tratado es solo un paso inicial. Para que el acuerdo tenga plena validez en el país, debe ser ratificado por el Congreso de la República, tal como lo establece la Constitución.

¿Camino a una diplomacia oceánica?

La controversia ha puesto sobre la mesa el debate sobre el rol del Perú en la protección del océano global. Para varios especialistas, este tratado ofrece una oportunidad para que el país refuerce su influencia en decisiones internacionales sobre sostenibilidad marina, sin comprometer sus derechos soberanos.

En palabras del embajador Roncagliolo, “los intereses marítimos del Perú no terminan en las 200 millas. También están en la altamar, donde habitan especies migratorias clave para nuestra economía”. Lejos de ser una cesión de soberanía, el tratado podría representar una plataforma para fortalecer la presencia y liderazgo del Perú en los foros multilaterales sobre medio ambiente y recursos marinos.

El futuro del acuerdo, sin embargo, dependerá de la discusión y eventual ratificación en el Congreso, en medio de un clima polarizado y de desinformación sobre los alcances reales del tratado.